Ecuador suspende pago de deuda a banco estatal de Brasil

Ecuador advierte suspensión del pago de una deuda adquirida a través de un préstamo al banco estatal de Brasil, debido a fallas estructurales que enfrenta la central hidroeléctrica San Francisco por presunta impericia de la empresa brasilera Odebretch en la construcción.

Ecuador inició un juicio en París ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para evitar el pago de un préstamo de 243 millones de dólares al banco estatal de Brasil BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), que financió una hidroeléctrica construida por la empresa brasileña Odebretch, (la empresa financió con el préstamo la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, que detuvo sus operaciones por fallas técnicas apenas un año después de entregada) expulsada del país por incumplimiento de contrato, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo ratificó, posteriormente, el presidente Correa.

El Gobierno de Brasil recibió con mucha preocupación la noticia de la decisión tomada por Correa y anunció una “amplia revisión” de su cooperación con Ecuador y decidió retirar a su embajador de Ecuador, en Quito, Antonino Marques Porto, llamándolo a consultas.

El canciller Celso Amorim indicó que si el régimen brasileño considerara justa la medida de Ecuador no hubiera llamado al embajador. “Vamos a examinar con la seriedad debida este hecho que de alguna manera no se corresponde a lo que nosotros imaginamos que deban ser las relaciones entre dos países amigos”, sostuvo el canciller.

La deuda es relativa a la financiación de la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco, inicialmente de $ 286,8 millones contraída por Ecuador con el BNDES para financiar la hidroeléctrica., recordó el texto redactado por el Gobierno de Brasil y señaló que "la decisión del Gobierno ecuatoriano fue anunciada en un evento público sin plena consulta o notificación al Gobierno brasileño". La contrariedad de Brasil “no es solo por la naturaleza de las medidas (tomadas por Ecuador), sino por la forma como fueron tomadas” aseguró.

Una portavoz de la cancillería brasileña dijo que todavía no han recibido ninguna notificación oficial sobre el arbitraje y por lo tanto no van a emitir comentarios. El préstamo que el gobierno de Ecuador sugirió que podría quedar impago fue en realidad otorgado a la constructora brasileña Odebrecht, que tuvo sus bienes embargados en ese país, dijo este jueves la jefa del Gabinete de Brasil, Dilma Rousseff. "El BNDES no tiene relación con Ecuador. No le prestó dinero a Ecuador, sino a la empresa (constructora). No vamos a complicar más la situación", añadió, para tratar de minimizar las posibilidades de una crisis con el vecino país.

Por su parte, la Cancillería de Ecuador, en un comunicado, “deploró” ayer el llamado a consultas del embajador brasileño y consideró que su controversia jurídica con el BNDES no debería afectar las relaciones entre los dos países. Quito “deplora la decisión adoptada por el gobierno del Brasil” y “reitera su permanente disposición para continuar manteniendo las relaciones bilaterales en el alto nivel de amistad y cooperación”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su nota. Previamente, el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, y el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, calificaron el llamado como un procedimiento normal. Según el ex canciller ecuatoriano José Ayala, esto no representa la ruptura de las relaciones diplomáticas, sino que “implica una expresión de desagrado sobre la forma cómo otro país conduce las relaciones bilaterales”, indicó. Ecuador ha argumentado que la construcción de la represa se hizo a través de un contrato “llave en mano” firmado entre dos empresas privadas “al margen de las leyes nacionales” y “de pronto” el Estado asumió toda la responsabilidad. "Es un dinero que se le da a la empresa, pero aparece como deuda de Ecuador con Brasil", aseguró el presidente del Ecuador.

El Gobierno de Correa cuestiona una deuda, actual, de 243 millones de dólares. La obra fue construida por un consorcio con participación de Odebrecht, una de las principales empresas privadas de Brasil y con operaciones en varios países de América y, fue inaugurada en junio de 2007 y presentó fallas estructurales, hasta dejar de funcionar, un año después; lo que provocó el reclamo del Gobierno a la constructora Odebrecht, que se negó a pagar las reparaciones económicas que solicitaba el país. Consecuentemente, Correa decidió expulsar a la constructora de la nación y pasar a manos del Estado los proyectos de la firma, entre ellos otras centrales hidroeléctricas, un aeropuerto y una carretera principal.

Voceros de Odebrecht dijeron que no se pronunciarán sobre el caso porque la demanda no les afecta. El BNDES defendió en un comunicado la legalidad del contrato y recordó que la operación se hizo en el ámbito del Convenio de Pagos de Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que estipula que la deuda es de carácter “irrevocable”. El impago de la deuda implicaría la declaración de “insolvencia” para el Banco Central deudor, en este caso el ecuatoriano, ante las autoridades monetarias del resto de miembros del Aladi, advirtió el BNDES.

"El BNDES se pronunciará sobre las alegaciones hechas por el Gobierno ecuatoriano sobre el contrato de financiación", según la cancillería brasilera. El mandatario había anunciado que el Ejecutivo (Correa) entablaría juicios civiles y penales por "estafa" contra la compañía por negarse a indemnizar al Estado ecuatoriano por incumplimiento de contrato.

Por el momento, el Gobierno ecuatoriano mantiene interrumpido su mercado con Brasil y se presume que también dejará de cumplir con el pago de su deuda externa. Ecuador se mantiene a la espera de una resolución por parte de una comisión encargada de investigar la legalidad de la deuda externa tomada por Ecuador en los últimos 30 años, en base a la cual el presidente Rafael Correa decidirá la futura política financiera del país. Con el informe en la mano, Correa deberá decidir si el país seguirá cumpliendo con esas obligaciones financieras o se declarará en "default" como en 1999, cuando una crisis económica puso a la nación en riesgo. -El próximo vencimiento de la deuda que enfrenta Ecuador será el 15 de diciembre, cuando deba pagar un cupón de sus bonos Global 2015 por 30,4 millones de dólares-.

"Estamos pidiendo la suspensión de los pagos (del crédito de BNDES) mientras se determinan todos los reclamos que estamos haciendo", dijo Jorge Glas, presidente del estatal Fondo de Solidaridad, que administra las empresas estatales del sector eléctrico.

Los inversores extranjeros temen que Ecuador decida incumplir con sus obligaciones externas, que rondan los 10.000 millones de dólares, debido a que la caída en el precio del crudo redujo los ingresos del Estado por sus significativas exportaciones de petróleo. Al respecto, Correa aseguró en varias ocasiones que, llegado el caso, priorizará el gasto social para llevar al país hacia el socialismo frente al cumplimiento de las obligaciones financieras.

Según el riesgo país ecuatoriano, los mercados consideran que el país andino tiene cerradas las puertas al financiamiento internacional por su alto potencial de incumplimiento. "Las fuentes de financiamiento que tenemos abiertas son las multilaterales y bilaterales. Todos sabemos que no vamos a obtener crédito del sector financiero internacional", señaló un confiado Correa durante la presentación oficial de medidas para enfrentar los efectos de la crisis mundial.

Además de haber expulsado a Odebrecht y a la estatal brasileña eléctrica Furnas, responsable de supervisar la construcción de la hidroeléctrica de San Francisco, el gobierno de Ecuador anunció el embargo de los bienes de la Odebrecht, la militarización de sus instalaciones y la prohibición de salida de representantes de la empresa, por un diferendo derivado de daños producidos en la central hidroeléctrica San Francisco, la segunda del país con capacidad de 350 megavatios. También amenaza con nacionalizar los campos petroleros concedidos a la también brasileña Petrobras si la petrolera no acepta modificar su contrato en ese país. En una primera reacción a ese conflicto, el presidente Lula decidió la semana pasada suspender las discusiones sobre varios proyectos de infraestructura en Ecuador, principalmente las obras para comunicar a Manta (Ecuador) con Manaos (Brasil).

Al respecto, Dilma Rousseff aseguró que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera una negociación "calma" para resolver el diferendo, pero aclaró que la cuestión será abordada después del referendo sobre la Constitución que se realizará en Ecuador el 28 de este mes.

El canciller Celso Amorim explicó que el préstamo del Gobierno ecuatoriano con BNDES tiene como garantía el propio sistema de pagos del intercambio comercial y que si Ecuador no paga el préstamo "va a acabar el comercio entre Brasil y Ecuador". El préstamo está anclado en el CCR (Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos). "No quería decir nada (de eso) para que no sonara a amenaza, no es necesario hacer una amenaza", afirmó; porque Brasil está interesado en mantener las buenas relaciones con Ecuador y por eso ha sido paciente en las negociaciones.
Por su parte, el vicepresidente brasileño, José Alencar, dijo a la prensa que Brasil "siempre ha sido respetuoso de todos los países, y por eso siempre debe y puede exigir respeto de los otros, precisamente por el hecho de ser respetuoso". Incluso, en la víspera, el propio Lula había señalado: "No tengo dudas de que vamos a encontrar un acuerdo".